Derecho Penal Económico - Definición

Ignacio F. Benítez Ortúzar

El Derecho penal económico ha ido definiéndose a lo largo de la historia, hasta llegar a su configuración y contenido actual, como el conjunto de figuras delictivas que giran en torno a la tutela del orden económico del Estado y de las relaciones económicas derivadas de los sistemas de producción, distribución y acceso de los consumidores a bienes y servicios en una sociedad concreta,

Con posterioridad a la revolución industrial, los Estados comienzan a intervenir en la Economía como gendarmes de las reglas del mercado, con normas reguladoras de los sistemas monopolísticos y luchando contra la acaparamiento de bienes de primera necesidad.

Pero es el convulso siglo XX el que va a dar lugar a un Derecho económico en el que el Estado deja de cumplir una labor de simple vigilancia respecto de una economía que se rige por las exclusivas reglas del mercado, pasando a ser un Estado intervencionista del mercado, atendiendo a una nueva concepción social de la economía.

La economía de mercado va a derivar en una economía social liberal del mercado, con ello se amplía también en ámbito del ius puniendi del Estado en la economía. No obstante, en las sociedades con una economía planificada también existe la delincuencia económica, si bien sus parámetros son diferentes. Las grandes guerras del siglo XX y la gran depresión van a influir decisivamente en la conformación del Derecho penal económico, si bien no puede afirmarse que el Derecho penal económico sea un “Derecho de Guerras y Revoluciones”:

La globalización y la internacionalización de la economía van a provocar también la transnacionalización de la delincuencia económica, obligando a los Estados a modificar concepciones del orden económico existentes hasta el momento.

En cuanto al concepto y contenido del Derecho penal económico, debe partirse de que el mismo cohabita con el Derecho administrativo económico sancionador, por lo que el legislador debe ser escrupuloso en la definición de la infracción administrativa y la infracción penal. Se ha planteado la necesidad de elaborar una nueva dogmática penal para el Derecho penal económico diferente  a la consolidada en los dos últimos siglos para el Derecho penal clásico, protector de bienes jurídicos individuales (salud, vida, integridad, patrimonio…). No obstante, lo que debe hacerse es adaptar la dogmática penal garantista a los problemas que plantea el Derecho penal económico, cuyas principales características se basan en la tutela de bienes jurídicos supraindividuales, la necesidad de acudir a la norma penal en blanco, la conformación de tipos penales especiales y la previsión de normas de imputación a la persona jurídica.

El nacimiento del Derecho penal económico coincide con una perspectiva criminológica de la delincuencia realizada por sujetos de alta posición social, con una relación de confianza en la sociedad, a diferencia de la delincuencia tradicional propia de clases marginales. Así se comienza a hablar del “delincuente de cuello blanco”, posteriormente  del “hecho profesional” y de la delincuencia empresarial. En la actualidad es pacífica la existencia de un concepto estricto y otro amplio del Derecho penal económico, con contenidos diferenciados.

A nivel internacional, en ámbitos regionales, van apareciendo organizaciones supranacionales que van armonizando el Derecho penal económico de los diferentes Estados. Esto ocurre, por ejemplo, en Europa con la Unión Europea y, en una fase menos desarrollada aún, en Latino América.

Ignacio F. Benítez Ortúzar, Profesor de la Universidad de Jaén y del Máster en Derecho Penal Económico Internacional de la Universidad de Granada IAEU