Derecho Penal - Imputación penal de las personas jurídicas

José Miguel Zugaldía Espinar

La finalidad más importante de este desarrollo es la de servir de pórtico teórico a sus objetivos didácticos. En efecto, a lo largo del mismo, tomando como punto de partida la oposición entre la dogmática (de las teorías absolutas) y la política criminal (concepción relativista del Derecho Penal), vamos a analizar los obstáculos dogmáticos y las ventajas político-criminales que se asocian a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas (básicamente, empresas, fundaciones y asociaciones).

La necesaria y obligada regulación (y correspondiente disciplina sancionadora) de los comportamientos de las personas jurídicas se ha llevado a cabo normal y tradicionalmente a través del Derecho Administrativo sancionador, aunque ello se haya considerado contrario al carácter fragmentario del Derecho Penal, haya provocado una hipertrofia del Derecho Administrativo en el ámbito de la heterotutela y, en última instancia, se haya considerado una manifestación de política criminal equivocada ante el fenómeno de la criminalidad económica organizada en una sociedad del riesgo y globalizada.   

No es de extrañar, por consiguiente, que desde hace tiempo se haya propuesto una “ampliación del sujeto del Derecho Penal” para dar entrada en el mismo, como sujetos activos de las infracciones penales, a las  personas jurídicas. Existiendo acuerdo en el ámbito político-criminal, el debate tenía que centrarse necesariamente entonces en el ámbito dogmático: ¿puede una persona jurídica cometer un delito? ¿Pero son capaces de acción y de culpabilidad las personas jurídicas? Y mientras la dogmática se debatía en una polémica no exenta, en muchos casos, de logomaquia, se impuso el pragmatismo legislativo y, por razones de evidente necesidad, los legisladores (comunitarios y no comunitarios) han dado entrada en sus legislaciones a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.  

España no ha sido ajena a este movimiento de reforma. La introducción de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el Código Penal español se ha llevado a cabo de forma progresiva. El primer paso lo supuso ya el CP-1995, que introdujo las llamadas “consecuencias accesorias” del art. 129 CP. El segundo paso lo dio la LO. 15/2003, de 25 de noviembre, que introdujo el art. 31, 2 CP que establecía que en los supuestos de actuación en nombre o representación de una persona jurídica, si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor del delito, sería responsable del pago de la misma la persona jurídica en cuyo nombre actuó. El paso definitivo ha venido de la mano de la LO. 5/2010, de 22 de junio que ha dado entrada definitivamente y sin tapujos a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas en el Derecho Penal español admitiendo el principio ”Societas delinquere potest” (art. 31 bis CP), precepto que entró en vigor el día 23 de diciembre de 2010.

En lo que sigue, analizaremos teóricamente el sentido y alcance del nuevo art. 31 bis CP (y concordantes) con la finalidad de facilitar su aplicación práctica. Análisis teórico y aplicación práctica. Porque teoría y práctica no están reñidas. Hay que desmontar viejos tabúes que han presidido, desfigurándola, nuestra vida académica y la de muchos profesionales del Derecho. Y uno de esos tabúes es precisamente el pretendido divorcio entre la teoría y la práctica jurídicas, que constituye, sin lugar a dudas, una magnífica coartada que satisface por igual a teóricos y prácticos del Derecho. Satisface a los teóricos del Derecho porque de esa manera pueden elaborar sus construcciones sin asomarse mínimamente a la realidad social, al tiempo que afirman que la práctica trascurre ajena a los avances científicos; y satisface a los prácticos del Derecho porque de ese modo pueden resolver los casos a los que se enfrentan sin tener que realizar previamente la más mínima labor de estudio, al tiempo que afirman que las “teorías” que se estudian en las Facultades de Derecho no sirven absolutamente para nada.  Pues bien: ese pretendido divorcio entre teoría y práctica jurídicas debe ser negado de manera rotunda. Porque solamente es teoría (buena teoría) aquélla que sirve para resolver los casos de la vida real. Y porque, se quiera o no, y se mire por donde se mire, la práctica consiste, lisa y llanamente, en resolver casos aplicando teorías.   

José Miguel Zugaldía Espinar, Catedrático de Derecho Penal y  Profesor del Máster en Derecho Penal Económico Internacional, Universidad de Granada IAEU