Derecho Penal - Protección penal del consumidor

José María Suárez López

En el mundo actual la gran evolución de los mercados ha desencadenado una situación en la que los consumidores tienen una posición de gran debilidad en los contratos que realizan con los prestadores de servicios. Ello ha dado pie a una progresiva intensificación de la tutela de los mismos. Protección que se proyecta en los múltiples sectores del Ordenamiento jurídico y, desde luego, a través del Derecho Penal. Fiel reflejo de dicha necesidad es el contenido del art. 51 de la Constitución española que afirma que «1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la Ley establezca. 3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la Ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales».

Tanto la Unión Europea como un importante conjunto de países, al igual que en el caso español, han ido progresivamente introduciendo nuevas herramientas jurídicas para tutelar los diversos intereses de los consumidores, de ahí, que en la primera parte de este trabajo analicemos los diversos mecanismos de tutela del consumidor en el ámbito español, europeo y en un buen número de países. Dentro de ese elenco de instrumentos jurídicos está el Derecho Penal que tradicionalmente ha amparado a este colectivo con figuras, como la estafa, no estrictamente dirigidas a los consumidores, pero que aún teniendo un ámbito de aplicación más amplio también lo tutelaban, por ello se abordan en la primera parte las figuras que dentro del Texto punitivo español pueden ser aplicables para proteger al consumidor y todo ello, sin olvidar los límites propios del Derecho Penal de un Estado social y democrático de Derecho. 

A pesar de la existencia de múltiples fórmulas jurídicas, se ha pretendido aumentar el catálogo de resortes jurídicos tendentes a proteger al consumidor con la creación de figuras dirigidas directamente contra los consumidores, lo que en el Código Penal español ha provocado la introducción, inicialmente, del delito de publicidad engañosa y facturación indebida y posteriormente, por medio de la LO 5/2010, de 22 de junio, del de estafa de inversores. Son tres figuras delictivas dirigidas, prácticamente en exclusiva a la protección penal del patrimonio de los consumidores como colectivo, de ahí su naturaleza de delitos contra el orden socioeconómico que, además de pretender anticipar el ámbito de intervención penal, tienen innumerables problemas dogmáticos y de política criminal que son analizados y detallados con propuestas de lege lata y lege ferenda en la segunda parte del trabajo.

Con ello, se ha pretendido presentar de forma exhaustiva el ámbito principal, desde una perspectiva económica, de tutela penal de los consumidores valorando hasta qué punto el recurso al Derecho Penal puede ser útil en este sector y los riesgos de desmedido expansionismo del Derecho Penal, así como el peligro de convertir la estricta tutela penal de los consumidores en un nuevo espacio del desafortunadamente cada vez más amplio campo del Derecho Penal simbólico.   

En cada bloque de las dos grandes partes que integran el trabajo, se destacan las cuestiones problemáticas y los aspectos prácticos de mayor calado, lo que indiscutiblemente obliga al participante a proyectar los conocimientos básicos de teoría jurídica del delito. 

José María Suárez López, Profesor de la Universidad de Granada y del Máster en Derecho Penal Económico Internacional IAEU