Los Derechos del niño

María Carmen García Garnica,
Catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada

La protección de los niños y adolescentes no sólo es un tema apasionante, sino también una necesidad que se hace sentir cualquiera que sea la perspectiva desde la que nos aproximemos a los menores de edad: jurídica, social, política, psicológica, educacional, etc. Y ello, como respuesta a la natural y lógica incapacidad del propio menor para cuidarse y satisfacer sus necesidades por sí mismo. 

A este respecto, hay que destacar que en la infancia y la adolescencia se apoya -para bien o para mal- nuestra personalidad adulta. Son etapas de la vida de toda persona en que se adolece de gran fragilidad personal, porque aún no se han desarrollado los mecanismos psicológicos de autoprotección y se es especialmente permeable a cualquier tipo de influencia. De ahí la gran importancia de que el menor esté debidamente amparado, en el terreno físico, afectivo y educativo. 

No obstante, al mismo tiempo la infancia y la adolescencia son etapas evolutivas, en las que a medida en que el niño va desarrollando sus aptitudes intelectivas y volitivas (lo que jurídicamente denominaremos "capacidad natural") habrá de favorecerse su evolución como ser humano a través del reconocimiento progresivo de su propio ámbito de actuación, adecuado a su edad y grado de madurez. Al fin y al cabo, es evidente que no pueden equipararse por completo el tratamiento jurídico de un menor de un año y el de uno con diecisiete años de edad.

Conforme a las dos afirmaciones anteriores y frente a consideraciones excesivamente proteccionistas o autoritarias del tratamiento jurídico de los menores de edad vigentes en otros momentos, hay que destacar que:

La concepción actualmente imperante en materia de protección jurídica de menores tiene como objetivo prioritario la búsqueda del delicado y difícil equilibrio entre la protección del menor (como "sujeto pasivo") y la promoción paulatina de sus capacidades (como "sujeto activo").

El punto de partida de la concepción actualmente imperante en materia de protección de menores, a nivel internacional, lo constituye la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989. En ella, se pone de relieve: 

a. La concepción del menor de edad como titular de derechos 

b. La necesidad de proteger al menor 

 c. La necesidad de que esa protección vaya acompañada de la promoción del menor de edad, como sujeto con capacidad evolutiva que hay que incentivar. Se rompe, pues, con la idea de equipara al menor de edad con una persona absolutamente incapacitada a nivel jurídico; y se pasa a su reconocimiento como persona con capacidad limitada, pero evolutiva. 

A raíz de lo dispuesto en esa Convención Internacional, ratificada por España en el año 1990, así como algunos años antes en la Constitución española de 1978 se ha producido, a lo largo de las últimas décadas una importante evolución del tratamiento jurídico de la protección del menor de edad. 

Esa evolución está presidida por un principio común, que rige en la actualidad el Derecho de menores: el del "interés superior del niño" (tout pour l'enfant).

En particular, el art. 39 de nuestra Constitución de 1978 consagra como principio informador del ordenamiento jurídico y de la actuación de los poderes públicos "la defensa y protección de los menores de edad". 

Pero, junto a este punto de partida (la evolución política e ideológica que ha habido en las últimas décadas en cuanto a la protección de los menores de edad en las sociedades modernas), hay que dejar claro otro dato fundamental, y es que esa evolución en el tratamiento jurídico de los menores de edad de las sociedades modernas, que podemos calificar hasta de idílica, no puede hacernos olvidar que la situación real es mucho más dramática y aún está lejos de alcanzar ese principio o ideal del respeto del "interés superior del menor". En las sociedades modernas han aparecido nuevas situaciones de maltrato infantil (tráfico de estupefacientes, exhibiciones públicas de violencia, pornografía y prostitución infantil, malos tratos físicos o psíquicos, explotación laboral del menor, situaciones de desamparo, acoso escolar, etc.).  

Ante esta situación, creo que el conocimiento de los mecanismos que ofrece el Derecho frente a estos problemas es un p primer paso para su prevención y tratamiento, y espero que a ello contribuya el estudio de este Curso.

Los menores de edad. Aspectos jurídicos