Protección jurídica de menores en México

Profesora Dra. Nuria González Martín, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La protección jurídica de las niñas, niños y adolescentes es un tema novedoso dentro del derecho mexicano. La Constitución de 1917 no hacía referencia expresa de los menores, en gran medida porque estos no eran reconocidos como sujetos de derecho.

No fue hasta la década de los ochenta que el texto constitucional hizo uso por primera vez del término "menor" como sinónimo de niña, niño y adolescente. Cabe mencionar que la constitución mexicana, en su artículo 1º, señala que toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos por la misma constitución, lo cual implica que dichos derechos también son aplicables a niños y niñas.

Sin embargo, existen algunos derechos específicos de la infancia, como es el caso del derecho a la educación y prohibición del trabajo infantil, entre otros. De esta manera, podemos afirmar que los derechos de los niños se consagran en diversos preceptos a lo largo del texto constitucional destacando el artículo 4º.

El 18 de marzo de 1980 se adicionó un párrafo al artículo 4º constitucional, para incorporar la obligación de los padres de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de las necesidades y a la salud física y mental. Esta adecuación, sin embargo, atendía no sólo a la necesidad de procurar la salud de los niños y niñas, sino también a un momento de oportunidad: coincidió el año en que se presentó la iniciativa de reforma con la conmemoración del 20 aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959.

De esta manera, el gobierno mexicano intentó armonizar la constitución con la normativa internacional. No obstante, el precepto del artículo 4º resultó ser muy limitado, ya que no reconocía a los niños como sujetos de derechos, sino que únicamente señalaba la obligación de los padres de satisfacer las necesidades de sus hijos dejando en la anomía a los niños que no tenían padres. La doctrina mexicana señala que la regulación de la protección de los niños en México atiende a dos procesos importantes: por un lado, la constitucionalización de aspectos de la vida, es decir, que cada vez la constitución se encarga de regular más aspectos de la vida de las personas y no únicamente de regular los poderes públicos y, por otro lado, el proceso de especificación de los derechos, en donde los textos constitucionales toman en cuenta los distintos roles o características de las personas a las que protegen.

Con la firma de la Convención sobre derechos del Niño de 1989 México considera por fin a los menores como sujetos de derechos propios y no como una extensión de sus padres.