Éticas de los cuidados y de la salud

Jean-Pierre Cléro *
Université de Rouen (Francia)

El asunto del "consentimiento" (Extraído del tema cuatro del curso Ética de la salud y de los cuidados).

En el año 2009 – cuando el debate sobre los vientres de alquiler alcanzó uno de sus puntos álgidos, provocado por el dictamen del 6 de mayo del Conseil d’État que aconsejaba no legalizar esta práctica en Francia “por el bien del niño y de la madre de alquiler”, los medios de comunicación, France Culture, Le Monde, Le Nouvel Observateur, fueron el escenario de un enfrentamiento entre Sylviane Agacinski y Ruwen Ogien.

Una pensaba que la prohibición estaba bien fundada y el otro que, si el Estado siguiera esta recomendación, se mostraría paternalista e infantilizaría a los ciudadanos que podían perfectamente saber y decidir por ellos mismos qué deseaban, a partir del momento en que no perjudicaban a nadie más que a ellos mismos, suponiendo que “perjudicarse a uno mismo” tuviera algún un sentido jurídico o político.

Este debate es interesante porque la noción que se invoca desde ambas partes es la de “consentimiento”. Uno de los dos participantes, Ruwen Ogien, piensa que el contrato de gestación para terceros es un buen contrato que el Estado no tiene ninguna razón de prohibir, puesto que ambas partes otorgan su consentimiento y ambas obtienen un placer de él sin perjudicar a nadie, es decir sin provocar ningún displacer a su alrededor – salvo un displacer simbólico, ligado al profundo desagrado de aquellos que rechazan esta práctica.

Sylviane Agacinski sospecha que las dos partes que dan su consentimiento no están en igualdad en el pretendido contrato, que una de las partes, en este caso, la “madre de alquiler”, no habría tomado esta decisión si no se hubiera encontrado en un estado de necesidad económica, que el consentimiento expresado por ambas partes no es suficiente para validar semejante contrato, que el Estado está en su perfecto derecho al inmiscuirse y que no invade en absoluto el derecho de los contratantes al rechazar que el consentimiento pueda, en este caso como en otros, tener para las partes que se comprometen una autoridad semejante a la de una ley. Lo que se pretende, según este segundo punto de vista, es comprometerse a algo improcedente desde el punto de vista legal, incluso cuando este compromiso no hace, aparentemente, daño a nadie.

Nos encontramos aquí, dentro de una estructura antinómica fuerte: la cuestión es saber si el consentimiento, que está en el corazón del debate, puede bastar para fundar un permiso legal y, en consecuencia, ser legalmente vinculante para ambas partes o si el consentimiento, del que a nadie se le ocurre decir que no es una parte integrante e importante de todo contrato, no puede validar él solo este contrato, incluso cuando, con su decisión, los contratantes no perjudican a nadie.

¿Hay alguna manera de resolver esta antinomia y de decir quién tiene razón y quién se equivoca en este enfrentamiento en el que ambas partes invocan gustosas su libertad, entendida, de lado y lado, como autonomía? ¿Puede inmiscuirse el Estado en un tipo de alianza en el que ambas partes se plantean como autónomas? ¿Puede tener autoridad para estimar y decidir que esta autonomía reivindicada por ambas partes no es auténtica, aunque así la declaren ambas partes? ¿Por qué tendría el Estado el derecho, que algunos pueden percibir como exorbitante, de estimar que, en un tipo de alianza como la de los vientres de alquiler, la autonomía de una de las partes no es respetada, pese a lo que esta misma parte afirma, es decir: que accede a dicha alianza por su propia voluntad?

*Jean-Pierre Cléro. Profesor autor del curso de IAEU en Abierto: Ética de la salud y de los cuidados. 

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